REDACCIÓN
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 474 votos a favor, la reforma al inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política. Con esta modificación, el Congreso de la Unión recibe la facultad de expedir una Ley General en materia de extorsión.
El dictamen fue remitido al Senado de la República para su discusión y eventual aprobación. En caso de validación, el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El Congreso tendrá un plazo máximo de 180 días, a partir de la entrada en vigor, para expedir la Ley General. Durante ese tiempo, las leyes federales y locales en la materia seguirán aplicándose hasta que se emita el nuevo marco legal.
La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 10 de julio de 2025 y recibió aprobación previa en la Comisión de Puntos Constitucionales el 5 de agosto.
Argumentos en el debate legislativo
Durante la sesión, representantes de Morena señalaron que la reforma permitirá enfrentar el delito con herramientas jurídicas homogéneas. Argumentaron que la diversidad de definiciones y sanciones entre estados generó vacíos legales y dificultó el combate a la extorsión.
Legisladores del PAN respaldaron la reforma y pidieron avanzar de inmediato en la construcción de la Ley General. Subrayaron que la tipificación unificada del delito será clave para la coordinación nacional en prevención y sanción.
Diputados del PVEM enfatizaron que la medida busca uniformar sanciones en todas las entidades federativas y mejorar la coordinación entre órdenes de gobierno. Señalaron que la extorsión registra un incremento sostenido en los últimos años.
El PT expuso que la reforma constituye un paso necesario para atender un delito con alta incidencia y con un gran número de casos no denunciados. Sus integrantes insistieron en que la nueva ley permitirá prevención, investigación y sanción de manera más eficaz.
El PRI consideró que la medida debe acompañarse con protocolos nacionales de investigación, protección a víctimas y recursos presupuestales. Destacó que la falta de denuncias refleja desconfianza hacia las instituciones de justicia.
Movimiento Ciudadano expresó que la nueva legislación debe construirse con la participación de víctimas, académicos y organizaciones sociales. Afirmó que el reto central es combatir la impunidad, dado que la mayoría de los casos no se denuncian ni llegan a sentencia.
Claves de la reforma
La reforma busca homologar el tipo penal de extorsión y sus sanciones en todo el país, establecer la persecución de oficio del delito y fortalecer la coordinación interinstitucional.
La futura Ley General deberá contemplar mecanismos de atención a víctimas, campañas de prevención, asignación presupuestal y actualización de instrumentos legales frente a nuevas modalidades de extorsión.
Con la aprobación en la Cámara de Diputados, el siguiente paso será la discusión en el Senado y, posteriormente, la expedición de la ley en un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto.