REDACCIÓN
En apenas una hora con 38 minutos, sin debate y con posturas exclusivamente técnicas “para no politizar” los fallos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ayer de manera definitiva siete de los nueve juicios fiscales multimillonarios promovidos por Grupo Elektra y Tv Azteca, algunos con hasta 16 años de antigüedad y más de 18 meses en espera de resolución en el alto tribunal.
Por unanimidad, el pleno confirmó las sentencias de tribunales colegiados que obligan a las empresas a liquidar créditos fiscales, en los que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) exige 48 mil 326 millones 928 mil pesos por concepto del impuesto sobre la renta (ISR), actualización, recargos y multas de los ejercicios de 2008 a 2013.
Con ello, en la Corte sólo quedan dos asuntos pendientes –uno de Nueva Elektra del Milenio y otro de Totalplay–, que suman más de 712 millones de pesos, los cuales se verán el próximo miércoles.
Los siete juicios mencionados se desecharon en distintas votaciones –todas unánimes– porque los ministros concluyeron que las impugnaciones de las firmas de Grupo Salinas no tenían interés constitucional excepcional, ya que el máximo tribunal había resuelto antes los mismos temas sobre la Ley ISR.
Los fallos de la Corte también marcan precedente para tribunales y juzgados, que impactarán en juicios similares, incluso del mismo conglomerado, que combaten las mismas normas, lo que facilitará su resolución.
Los siete asuntos se resolvieron mediante 15 proyectos, relativos a amparos directos en revisión, impedimentos y recursos de reclamación. Fuentes de la SCJN informaron a La Jornada que el pleno acordó previamente no “politizar” las resoluciones con pronunciamientos contra el conglomerado.
El caso que tomó más tiempo –26 minutos– fue el amparo directo en revisión 6321/2024, que impugna el crédito más alto: 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos por ISR, recargos, multas y actualizaciones del ejercicio fiscal 2013. Tras resolver litigios accesorios, el pleno desechó el amparo al analizar el recurso de reclamación 544/2024 de la Secretaría de Hacienda, el cual revocó el acuerdo del 21 de agosto de 2024, con el que la entonces ministra presidenta, Norma Piña, había admitido la revisión.
El ministro ponente, Arístides Guerrero García, explicó —con láminas y códigos QR– que el asunto ya tenía precedente: en 2023, la segunda sala se negó a atraerlo por falta de trascendencia en el régimen de consolidación fiscal, y en 2024 el vigésimo tribunal colegiado negó el amparo con base en esos criterios, resolución que la empresa impugnó en revisión.
“Fue admitido por la anterior presidencia de la Suprema Corte… a pesar de que, como se dijo antes, la segunda sala ya había negado la solicitud en el ejercicio de la facultad de atracción”, señaló.
Sobre ese caso, que llegó a la Corte en agosto del año pasado, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, dijo: “este asunto, como es del dominio público, fue ampliamente litigado; en este en particular se promovieron 28 impugnaciones”.
Grupo Salinas interpuso en los últimos cinco años 102 recursos de impedimentos, amparos en revisión, de reclamación y de conflicto de competencia para dilatar la resolución del amparo. Incluso, en las dos semanas recientes intentó recusar a los nueve ministros y solicitó aplazar los fallos.
En la sesión también se resolvieron amparos directos de Elektra contra créditos fiscales de 2008 a 20012. Asimismo, dos amparos de Tv Azteca contra créditos de 2 mil 447 millones 748 mil 540 pesos correspondientes a 2009 y de 2 mil 615 millones 750 mil 783, de 2013.
Horas antes de que la Corte resolviera de manera definitiva siete juicios fiscales promovidos por Elektra y Tv Azteca –litigios que llevaban hasta 16 años en curso–, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno ha actuado estrictamente conforme a la ley; señaló que fue Grupo Salinas el que decidió politizar el caso y presentarse como víctima.
En la mañanera de Palacio Nacional, la mandataria subrayó que estos asuntos judiciales no responden a uso indebido del poder, sino a procesos legales prolongados que finalmente llegaron al máximo tribunal.
Hizo énfasis en que se trata de varios litigios empezados en 2008, antes de su gobierno y del de Andrés Manuel López Obrador, y que durante años avanzaron entre amparos sucesivos e incluso periodos en los que algunos ministros mantuvieron los expedientes detenidos. Indicó que si el tema no se hubiera hecho público, es probable que las resoluciones hubieran seguido prolongándose.
Rechazó que su administración haya buscado influir políticamente en la resolución. Aseguró que el Poder Judicial actúa con autonomía y que los ministros “se deben al pueblo, y a nadie más”.