REDACCIÓN
El eco de uno de los episodios de corrupción más sonados en Argentina retumbó esta semana en Tucumán, donde un caso digno de los años oscuros del “Negro” Durazo en México sacudió a la fuerza policial provincial. La realidad superó a la ficción: presos y agentes policiales fueron utilizados como albañiles para construir la casa de veraneo de un jefe policial en la zona turística de El Cadillal.
El Gobierno de Tucumán confirmó la remoción inmediata del comisario Gustavo Beltrán, titular de la Unidad Regional Norte (URN), y de su segundo, Sergio Juárez, luego de que se verificara que ambos habrían ordenado sacar a detenidos de la Comisaría Chuscha para trabajar en la obra de la vivienda particular del comisario.
El escándalo estalló tras una denuncia anónima que llegó al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, alertando sobre el uso indebido de presos y personal policial. La gravedad del hecho fue tal que el gobernador Osvaldo Jaldo ordenó informar de inmediato a la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, y poner el caso en manos de la Justicia.
La investigación avanzó rápidamente: durante un operativo en El Cadillal, fueron detenidas cuatro personas, entre ellas dos presos que debían permanecer retenidos en la comisaría y dos policías que participaban activamente en la obra. El propio ministro de Seguridad se presentó en el lugar, ordenó la apertura de un sumario administrativo y otro penal, y reafirmó que la provincia impulsa una depuración interna para limpiar a la corporación.
Desde Casa de Gobierno se confirmó que, por decisión directa del gobernador, Beltrán y Juárez fueron separados de sus cargos y serán dados de baja, al considerar el hecho como un grave acto de corrupción y abuso de autoridad.