REDACCIÓN
Ciudad de México.– El Movimiento Antorchista Nacional pidió la intervención urgente de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para frenar lo que califica como una persecución política contra sus dirigentes en Querétaro, Oaxaca y Puebla, además de denunciar presuntas amenazas y obstáculos para atender las demandas sociales de sus integrantes.
Los dirigentes de los seis regionales políticos de la organización anunciaron que una comisión de antorchistas acudirá el próximo miércoles 18 de noviembre a Palacio Nacional, durante la conferencia conocida como La Mañanera, para solicitar ser recibida y exponer sus denuncias ante la mandataria.
Los líderes regionales Maricela Serrano Hernández, Juan Manuel Celis, Lenin Campos Córdova, Rodolfo de la Cruz, Ignacio Acosta Montes y Franklin Campos, junto con Gloria Brito Nájera, dirigente en la Ciudad de México, señalaron que las amenazas contra la integridad física de varios de sus representantes se han agravado y representan una preocupación nacional.
En Oaxaca, acusaron al gobierno de Salomón Jara Cruz de mantener vigente una denuncia contra César Hernández Olivera, integrante del Comité Estatal antorchista, por presuntos daños a la nación, luego de una protesta relacionada con el desalojo de jóvenes de albergues estudiantiles y una manifestación frente a la Comisión Federal de Electricidad.
En Querétaro, señalaron que Jerónimo Gurrola Grave, dirigente estatal de Antorcha, recibió mensajes amenazantes en redes sociales después de encabezar movilizaciones en mayo y junio. Según la organización, las amenazas aumentaron de intensidad entre el 2 y 3 de septiembre, incluyendo advertencias de muerte.
El caso de Puebla también fue señalado como uno de los más graves. Antorcha denunció que comerciantes del tianguis La Curva, adheridos a su organización, han recibido amenazas de integrantes del grupo denominado 13 de Septiembre, al que acusan de imponer cobros de piso cada domingo mediante personas armadas.
En Veracruz, los dirigentes aseguraron que las presuntas acciones de persecución comenzaron después de anunciar movilizaciones frente al Palacio de Gobierno para exigir una reunión con la gobernadora Rocío Nahle García y plantear demandas de obras y servicios para comunidades y colonias.
Rodolfo de la Cruz Meléndez, dirigente del regional Occidente, sostuvo que los casos presentan características similares y, desde la perspectiva de la organización, reflejan un patrón de persecución política mediante acusaciones que consideran carentes de sustento legal.
Los antorchistas recordaron que el pasado 27 de octubre solicitaron y sostuvieron una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación federal, quienes se comprometieron a intervenir; sin embargo, afirmaron que hasta ahora no observan cambios importantes en la actuación de los gobiernos señalados.
La organización advirtió que, si no obtiene respuesta a sus demandas, podría iniciar en los próximos días una campaña nacional denominada “En defensa de la organización popular y de sus líderes sociales”.
Por su parte, el vocero nacional, Homero Aguirre Enríquez, aseguró que Antorcha no busca confrontarse con el gobierno federal ni con las administraciones estatales y municipales, sino que se atiendan las necesidades de vivienda, salud, educación, seguridad, obras y servicios públicos.
Finalmente, afirmó que el movimiento no renunciará a su derecho de organización ni a encabezar las demandas populares de miles de familias mexicanas.