Una red de siete empresas proveedoras del INE y otros organismos electorales locales, es indagada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por simulación de competencia, triangulación de recursos y operación de factureras.
Actualmente hay 70 cuentas bancarias bloqueadas, pero la investigación se encuentra en curso y la autoridad federal no ha informado de las firmas y sujetos sancionados.Además entre 2023 y 2024, la UIF bloqueó más de 400 cuentas bancarias de 13 personas físicas y 7 empresas, como parte de la indagatoria a proveedores de materiales electorales.También se investiga a empresas mexicanas sancionadas por la OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que recibieron recursos de alguna de esas firmas de proveeduría electoral investigadas.
La red de corrupción es encabezada, según la investigación, por los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, vinculados a Corporativo Zeg y Cajas Graf, y cinco firmas más, a quienes se relaciona con el equipo administrativo de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aunque hicieron negocios desde 2012.
Personajes como Jesús Octavio García González, quien fungió como director de Administración del INE, entre septiembre de 2025 y abril de 2026, y Claudia Espino, quien fuera secretaria Ejecutiva entre noviembre de 2024 y septiembre de 2026, son algunos de los personajes investigados por estar involucrados directamente en algunas de las contrataciones irregulares, aunque el foco principal está en los empresarios Hernández Casillas.
La indagatoria incluye licitaciones en el instituto electoral de Sonora, cuando Taddei fue presidenta del organismo, donde se acreditó simulación de competencia mediante propuestas que aparentaban ser independientes o alianzas entre sociedades vinculadas con el fin de favorecer al grupo de los Hernández Casillas.
“El análisis financiero, fiscal y corporativo permitió identificar a una red de empresas presuntamente utilizadas para simular competencia entre proveedores, obtener contratos públicos millonarios y triangular recursos mediante sociedades relacionadas y empresas con características de factureras”, dice el reporte.
Entre las principales empresas que son relacionadas con los Hernández Casillas se encuentran Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati.
Grupo REFORMA documentó que Jesús Octavio García González fungió en distintas contrataciones con el INE y organismos electorales locales como representante de al menos Cajas Graf y Corporativo Zeg.
En esa condición fue nombrado en septiembre de 2025 por la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, como director de Administración del organismo.
El pasado 3 de febrero, Grupo REFORMA publicó que García González había representado a Corporativo Zeg para ganar en el INE un contrato de casi 200 millones de pesos para proveer al Instituto de urnas, mamparas y marcadores para la elección judicial de junio de 2024.
Aún así, fue nombrado por Taddei funcionario del Instituto a pesar del evidente conflicto de interés.
El 20 de enero de 2026 fue denunciado ante el Órgano Interno de Control (OIC) del INE por conflicto de interés y abuso de funciones.
García González tuvo que renunciar en abril pasado a su cargo como director de Administración en medio de la polémica de su relación empresarial.
También fue contratado en el INE desde 2025 como chofer de la presidenta del organismo, Jonathan Navarrete Torres, quien según el Registro Público de Comercio, es apoderado de la empresa Corporativo Zeg.
Sin embargo, Navarrete es un personaje desconocido en el INE a pesar de estar en la nómina y adscrito a la oficina de la presidenta del Instituto.