Reconociendo que el modus operandi del crimen organizado en las diversas modalidades de la extorsión “supera contundentemente la norma” y que tiene éxito en siete de cada diez casos, la Cámara de Diputados busca crear una Ley General que armonice, sistematice y homologue el delito, a fin de combatirlo.
En el dictamen aprobado este martes por unanimidad en la Comisión de Puntos Constitucionales se reconoce que un tipo de extorsión es la que se ejerce desde los grupos criminales en contra de autoridades.
La enmienda que se prevé sea aprobada en septiembre próximo busca que el Congreso de la Unión expida esa Ley General para unificar y contemplar el tipo penal de extorsión, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones.
Y se perfila desde ya el alcance que deberá tener la legislación secundaria, la cual quedaría formulada en un plazo de seis meses cómo máximo después de que se promulgue la reforma constitucional.
Los diputados plantean que esa legislación que deberán retomar las entidades contaría con las sanciones en materia de extorsión y objetivos generales de prevención, investigación y mecanismos de atención efectiva a las personas víctimas, ofendidas y testigos.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2022, 2023 y 2024 se registraron 11,039, 10,950 y 10,804 víctimas de extorsión, respectivamente.
Se detalla que este delito impacta “de forma transversal”, porque genera daños patrimoniales, sobre diversos bienes jurídicos tutelados y derechos humanos, al vulnerar la integridad física y psicológica, a nivel individual y social. Y se reconoce que “inclusive, muchas veces se pone en riesgo o se pierde la libertad y la vida”.
Se concluye en la exposición de motivos que la extorsión daña el patrimonio personal, la economía nacional, la paz y la integridad personal y social.
Los Modos
En el dictamen se cita la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional para señalar las modalidades que se dan de este delito: extorsión directa cuando el extorsionador se presenta de forma personal a realizar la amenaza; indirecta cuando la extorsión es telefónica o mediante personas intermediarias o por redes sociales.
DE ALTO IMPACTO
Se expone que las autoridades del Estado mexicano tienen la obligación política, ética y social de reconocer que la extorsión es un delito de alto impacto y que hasta ahora la prevención y su combate han sido insuficientes en todos los órdenes de gobierno.
Se detalla que “la extorsión ha sido recurrentemente utilizada como un modus operandi de la delincuencia organizada para tener ingresos económicos considerables, lo que provoca que, en estos casos, su repercusión no sea resentida únicamente por sus víctimas en lo individual, sino también en forma colectiva, ya que se expande a diversos ámbitos y sectores de la sociedad, cuando se extorsiona a empresas, negocios y establecimientos para fijar condiciones de mercado a través de amenazas a comerciantes y empresarios involucrados en las cadenas económicas”.
Se reconoce que no existe una política criminal unificada “sobre la gravedad y la justa punibilidad del delito de extorsión a nivel nacional”.
Se admite que ninguna de las legislaciones estatales actuales contiene las herramientas jurídicas necesarias para enfrentar con eficacia la complejidad de este delito.
67% de éxito
En el dictamen se alerta del grado de éxito que los extorsionadores tienen al concretar sus propósitos en casi 7 de cada 10 delitos que cometen.
Lo anterior es así porque en 67% de los casos se entregó lo solicitado.
Se ofrecen cifras de 2023 para señalar que en ese año 1.3 millones de establecimientos fueron víctimas de algún delito. Esto significa que 27.2% de las unidades económicas del país fueron afectadas.
Se plantea que el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en unidades económicas fue de 124.3 mil millones de pesos (0.51% del Producto Interno Bruto).
Y el costo promedio del delito resultado del gasto en medidas de protección y de las pérdidas durante 2023, fue de 54,451 pesos por unidad económica.
En 90.3% de los casos no hubo denuncia o no se abrió carpeta de investigación.